En un giro dramático en el planeta empresarial, la entidad de capital privado JZ International ha intensificado sus acciones legales contra los creadores de Gedesco, una compañía experta en la financiación de pequeñas y medianas compañíasundefined ), acusándolos de malversación de fondos para beneficio personal. Esta acusación se enfoca en Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, autores de Gedesco, así como en los exejecutivos del fondo de inversión Miguel Rueda y Ole Groth, quienes han tomado las riendas de la gestión de la firma valenciana una vez que JZI adquiriera el 675% de sus acciones en 2007. Este conflicto legal, que se originó en el mes de marzo de 2022 con una querella en Novedosa York contra Rueda y Groth por desviar en teoría 80 millones de euros a Stator Management, una entidad estrechamente enlazada a ellos, ha escalado con la presentación de una exclusiva querella en Valencia por una variedad de delitos introduciendo administración desleal y estafa.
Esta segunda demanda, que también implica a José Luis Villafranca, de hoy miembro del consejo de Gedesco, y a tres empresas bajo la propiedad de los acusados, se basa en acusaciones de utilizar la composición de Gedesco en beneficio propio y de obstruir el ejercicio de los derechos de JZI como accionista mayoritario. La querella detalla de qué manera, pese a la disfunción del Consejo de Administración de Gedesco por carecer de miembros, los acusados prosiguieron tomando decisiones importantes, bloqueando ciertamente a JZI de participar en la gestión de la compañía. Las peticiones de JZI para convocar a la Junta de Inversionistas y cesar a estos ejecutivos fueron de manera sistemática frustradas, con la Registro Mercantil junta suspendida en siete oportunidades.
Este conflicto no solamente se prolonga por dos jurisdicciones, con litigios tanto en Estados Unidos como en España, sino que también revela una trama complicada de disputas legales que incluye acusaciones contra los socios creadores de JZ International por otros frentes judiciales en España relacionados con la financiación de la fallida compañía de seguridad Ombuds. La decisión de un juez en Madrid de mover uno de estos casos a Valencia y el posterior archivo de la causa por carecer de indicios de delito añade otra cubierta a este entramado legal.
Esta situación ilustra no solo las complejidades de las relaciones entre inversores y directivos dentro del planeta corporativo, sino más bien asimismo las adversidades inherentes a la resolución de discusiones transfronterizas en el campo del derecho empresarial. La situación en Gedesco expone los retos que combaten los inversores para proteger sus intereses y la importancia de una administración transparente y ética en las empresas..
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